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Invadida por criminales

SAN DIEGO.- “Nuestra industria de construcción ha sido invadida, con el paso de los años, por contratistas criminales”, denunció Javier Santizo, quien ha sido víctima de fraude fiscal y robo de salarios.

“Muchas veces usted piensa en los 90”, dijo, “un contratista criminal no hubiera sido nombrado criminal si un empleado le robaba al empleador iba a la cárcel”

Se preguntó en entrevista con El Latino San Diego: “¿Por qué no es de la manera opuesta, por qué cuando el contratista roba al trabajador por qué no lo mandan a la cárcel?”.

“Y eso es lo que pasa: No le pagan su tiempo extra; a veces lo forzan a trabajar durante su tiempo de comida y esas son injusticias que los trabajadores pasan”.

Ello lo subrayó el trabajador de la construcción al término de una expresión pública efectuada en el costado oeste del Centro de Administración del Condado de San Diego, en la que también intervinieron como oradores, Summer Stephan, Fiscal de Distrito y Nathan Fletcher, actual presidente de la Junta de Supervisores.

Les provoca miedo

“El dilema”, advirtió el entrevistado, “está en que los empleados, cuando saben que una persona es indocumentada, prefieren usar a esa persona para siempre emplear a ese trabajador bajo el temor de que si dices algo, la inmigración va a terminar llendo por ti”.

Al preguntarle ¿cuánto estimaba que en la industria de la construcción en Estados Unidos, los empleadores usan a trabajadores indocumentados, para abusar de ellos debido a su condición migratoria?, Javier Santizo respondió:

“Hablando de mi experiencia, en lo que yo he vivido, un contratista irresponsable tiene un promedio de 25 a 30% de trabajadores indocumentados. Es un abuso pero ahora es una preferencia para sacar ventaja de ese tipo de trabajadores”, consideró.

“Y lo que estamos haciendo aquí es explicando que cuando los contratistas deciden usar esas prácticas, la comunidad es afectada porque hay dólares que se pagan que al final de la semana no le dan una explicación de su salario desglosado. Entonces esos son impuestos que no entran a nuestras comunidades”, expresó.

Afectan a las comunidades

“Afectan nuestras escuelas, nuestros primeros auxilios, nuestras carreteras, nuestros edificios de la ciudad”, continuó, “y muchas veces nosotros vemos que nuestros vecinos trabajan en construcción pero no tenemos idea de las prácticas que pasan en esa industria y no sabemos como comunidad cómo nos afecta”.

Al señalar que siguió los pasos de su padre, quien trabajó por muchos años en la industria de la construcción dijo que por la vigilancia que ejerce la Fiscalía de Distrito y su titular, Summer Stephan, “en San Diego es más discreta la evasión de impuestos, se practica pero es una industria underground (subterranean). Yo hablo con trabajadores todos los días, con compañeros que saben de diferentes personas y casos”.

¿Digamos que es más sofisticado?, le preguntamos.

Exactamente, pero cómo nos afecta, usted mira un estado como Colorado, que es afectado por la corrupción, los trabajadores terminan cruzando Arizona, terminan cruzando Arizona y traen esas prácticas, incluso con los contratistas.

Entonces el problema que pasa en San Diego, pasa en Nuevo México, pasa en Utah, pasa en Colorado, en Nevada.

“Pero cuando tenemos oficiales que están dispuestos a sacar el pecho por la clase trabajadora, entonces los contratistas irresponsables y criminales dan un paso atrás”, puntualizó Santizo.

Advertencia de la Fiscal de Distrito

Mientras el Consejo Regional de Carpinteros del Suroeste reveló que sólo en California el fraude fiscal de contratistas criminales ha generado pérdidas fiscales federales por $302 millones, la Fiscal de Distrito, Summer Stephan, anticipó que “junto con la Comisión Laboral y nuestros socios de orden público, estamos trabajando en brindar justicia para los trabajadores que son abusados por empleados deshonestos”.

“El robo de salarios y el tráfico de mano de obra son problemas graves que deben abordarse. No vamos a permitir que los trabajadores sean explotados por empleadores despiadados y codiciosos que violan la ley para violarse los bolsillos”, advirtió finalmente.

Por su parte, el presidente de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego,  Nathan Fletcher, recordó que en marzo se presentó una iniciativa para protección legal de los trabajadores del ramo de la construcción del condado.

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