Incumplen la ley Escuelas Charter, al recibir menos estudiantes discapacitados, revelan

Foto tomada del sitio de California Charter Schools Association.

“En la actualidad, aproximadamente 6.8 millones de niños entre 3 y 21 años de edad reciben servicios de educación especial en Estados Unidos”, consideró Hergit Llenas, una especialista y activista en Educación en el país.

Indicó que esto se hace “sin ningún costo para los padres y puede incluir instrucción especial en el salón de clases, en el hogar, en los hospitales e instituciones, o en otros ambientes”.

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Y luego llega al punto culminante: “El Acta para la Educación de los Individuos con Discapacidades (Individual with Disabilities Education Act, o IDEA, por sus siglas en inglés), prohíbe que los programas que reciben fondos del gobierno federal discriminen en función de una discapacidad”.

Por ello resulta por demás interesante la nota difundida por la Asociación de Maestros de California (California Teachers Association, CTA) en el sentido de que:

“Un nuevo informe, el primero de su tipo publicado, demuestra que los defensores de la teoría de los estudiantes con discapacidades y las escuelas públicas han estado diciendo durante años: las escuelas autónomas están inscribiendo menos estudiantes con discapacidades”.

Y agrega la asociación de maestros californianos: “Los que se inscriben generalmente tienen discapacidades menos graves, y por lo tanto menos costosas, y esto está teniendo un impacto fiscal dispar en los distritos escolares públicos”.

Manifiesta CTA que “el informe y el resumen, State of Denial: California Charter Schools and Special Education Students, realizado por investigadores de United Teachers Los Angeles y California Teachers Association, calculó la disparidad de costos en el Distrito Escolar Unificado de San Diego (SDUSD), Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) ) y el Distrito Escolar Unificado de Oakland (OUSD), y encontraron que el impacto fiscal bruto para estos tres distritos es de entre $ 64.52 millones y $ 97.19 millones anualmente”.

“Durante años, hemos escuchado anecdóticamente de padres, público y educadores autónomos, que la industria de los estatutos subinscribe a los estudiantes con discapacidades. Por primera vez, ahora podemos cuantificar esas historias utilizando datos de tres de los mayores autorizadores de charter en el estado”.

“Más allá de las preocupaciones por los derechos civiles, también hay fuertes impactos fiscales en nuestras escuelas públicas. Este informe muestra un patrón inquietante que, si no se controla, significa que estamos mirando el barril de un sistema de educación pública que será cada vez más segregado y desestabilizado ”, dijo Elaine Grace Regullano, Directora de Investigación y Análisis Estratégico de UTLA y coautora de el informe.