Controversial; divide opiniones, orden ejecutiva que declara moratoria a Pena de Muerte en CA

Foto-Cortesía: newsfirst.lk

SACRAMENTO, CALIFORNIA.- Son 737 los reos que se encuentran actualmente en el pasillo de la muerte en California y esperando el final de su vida por medio de la inyección letal.

Por eso resulta significativa – y para no pocos controversial- la reciente medida anunciada por el gobernador Gavin Newsom: La firma de una orden ejecutiva con el que se declara una moratoria a las ejecuciones.

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Pero con la orden firmada el 13 de marzo por el nuevo gobernante, automáticamente se instruye el retiro del protocolo de inyección letal en el estado de California y se ordena el cierre inmediato de la Cámara de Ejecución en la polémica prisión estatal de San Quintín.

En el documento firmado por el ex alcalde San Francisco, sin embargo, no se contempla “la liberación de ninguna persona de la prisión ni se altera ninguna condena o sentencia actual”.

“El asesinato intencional de otra persona es incorrecto y, como gobernador, no supervisaré la ejecución de ninguna persona”, dijo categórico el gobernador Newsom.

El gobernador, quien aceptó que luego de haber rondado en su cabeza serias dudas sobre las implicaciones en pro y en contra en este tema que tiene una clara connotación social, moral e ideológica agregó convencido:

“Nuestro sistema de pena de muerte ha sido, por todas las medidas, un fracaso. Ha discriminado a los acusados que tienen enfermedades mentales, negros y morenos, o que no pueden pagar una representación legal costosa. No ha proporcionado ningún beneficio o valor de seguridad pública como elemento disuasivo. Se ha desperdiciado miles de millones de dólares de los contribuyentes. Más que nada, la pena de muerte es absoluta. Es irreversible e irreparable en caso de error humano”.

Los datos duros

De acuerdo con datos oficiales, 1 de cada 4 condenados a muerte se encuentra en California, el estado con mayor población, y que de acuerdo al Censo del 2010, contabilizó poco más de 37 millones de habitantes.

Asimismo, conforme a los datos ofrecidos por el propio gobierno del estado, “Desde 1978, California ha gastado $ 5 mil millones en un sistema de pena de muerte que ha ejecutado a 13 personas”.

Se precisa que con anticipación a que Newsom tomara dicha resolución “tres estados, Oregón, Colorado y Pensilvania, tienen moratoria impuesta por el Gobernador sobre la pena de muerte y, en 2018, la Corte Suprema del Estado de Washington anuló la pena de muerte por inconstitucional y “sesgada racialmente”.

Condena a inocentes

Otro dato relevante reconocido por estado en este sentido es que “personas inocentes han sido condenadas a muerte en California. Desde 1973, 164 presos condenados en todo el país, entre ellos cinco en California, han sido liberados del corredor de la muerte después de que se los encontró culpables injustamente. Ninguna persona ha sido ejecutada desde 2006 porque los protocolos de ejecución de California no han sido legales. Sin embargo, hoy, 25 presos condenados a muerte en California han agotado todas sus apelaciones estatales y federales y podrían ser elegibles para una fecha de ejecución”.

Personas de color, la mayoría

Asimismo se advierte en un reporte oficial que “Más de seis de cada diez personas en el corredor de la muerte de California son personas de color. Un estudio de 2005 encontró que los condenados por matar a blancos tenían más de tres veces más probabilidades de ser condenados a muerte que los condenados por matar a negros y cuatro veces más probabilidades que los condenados por matar a latinos. Al menos 18 de las 25 personas ejecutadas en los Estados Unidos”.

Concluye el reporte que “en 2018 tenían uno o más de los siguientes impedimentos: evidencia significativa de enfermedad mental; evidencia de lesión cerebral, daño cerebral en el desarrollo o un coeficiente intelectual en el rango de discapacidad intelectual; Traumatismo infantil crónico grave, abandono y / o abuso.

Por su parte, agrupaciones comunitarias como San Diego Organizing Project (Proyecto de Organización de San Diego), reaccionó con beneplácito ante la decisión del ejecutivo estatal y sostuvo que “Newsom  mostró coraje al elegir no lo que es políticamente conveniente, sino más bien lo que promueve una cultura arraigada en el parentesco radical y la comunidad amada.

Desde nuestras calles hasta nuestras instituciones, una cultura arraigada en el parentesco radical y la comunidad amada. Desde nuestras calles hasta nuestras instituciones, asegurémonos de que este es el primer paso en nuestro viaje hacia el estado de pertenencia”.

“Estoy extremadamente feliz por la decisión de hoy porque la pena de muerte solo crea más sufrimiento. Nunca he visto la alegría en el rostro de nadie que presencie una ejecución. La violencia solo engendra mas violencia. Matar nunca es la mejor solución y nuestra fe nos dice que el amor trasciende la violencia’, dijo Padre Neal José “Pepe” Wilkinson, líder del Proyecto de Organización de San Diego en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe.

Como antecedente, vale hacer mención del caso de Ronnie Carmona, madre de un joven de 17 años, quien tras 12 años de prisión y habiéndosele dictado sentencia fue liberado al considerarse que fue injustamente acusado de un homicidio, que se aceptó entonces, no cometió.

Otra postura relevante que valdría la pena recordar es declaraciones previas a las elecciones generales del 8 de noviembre del 2016, cuando se puso a la consideración del voto ciudadano las proposiciones 62 y 66 sobre mantener o no la pena de muerte. Al final, prevaleció a favor de la pena capital.

No obstante, “Los obispos de California estamos fuertemente unidos en oposición a la pena de muerte”, un hecho que los obispos del estado dorado califican como “un asesinato patrocinado por el Estado, que perpetúa el ciclo de violencia, y una pena que es racial y económicamente sesgada”, declararía entonces el Obispo de la Diocesis de San Diego, Rober McElroy.

La otra cara de la moneda

Sin embargo, Kent Scheidegger, director legal de la Fundación de Justicia Criminal, un partidario de la pena de muerte considero que “es impropio que un ejecutivo use el poder de alivio para frustrar la posición de la gente”.

En el mismo sentido, el Asambleísta Tom Lackey (Republicano), anticipó que los miembros de su partido están buscando la forma de revertir la orden ejecutiva del gobernador Gavin Newsom pero aún no saben cómo hacerlo y criticó el que el gobernante hubiese cambiado su propuesta de campaña a favor de la pena capital

“La decisión de si tendremos o no la pena de muerte es algo que las personas han tomado una y otra vez a través del proceso de la iniciativa”, dijo Kent Scheidegger, director legal de la Fundación de Justicia Criminal, que aboga por la pena capital.

El Obispo de la Diócesis de San Diego, Robert McElroy fijó la postura en contra de la pena de muerte: Foto: Horacio Rentería/El Latino San Diego.
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