IMPERIAL BEACH, CA.- Con visible preocupación Consuelo Villalpando, una mujer que ha residido con su familia por décadas, se paró frente a la sede del gobierno municipal y mostró al reportero una cartulina escrita con un marcado por demás reveladora: “We Don’t want to Be Homeless!” (¡No queremos ser Homeless!).
“El problema es que quieren desalojarnos”, respondió de entrada cuándo se le preguntó qué ocurría y porque se manifestaba junto a decenas de personas presentes en el City Hall de Imperial Beach.
La manifestante se refiere al Trailer Park “Siesta RV Park”, localizado en la 4ta. y Palm (#409) en Imperial Beach, mientras dentro de la Sala de Concejales el tema se encontraba en la agenda entre los que abordaría el grupo de regidores (Edward J. Spriggs, Mark Weste y Paloma Aguirre), y el alcalde Serge Dedina, entre otros.
“Lo que ha pasado es que se puso en venta el terreno del parque donde están localizados, aproximadamente como 104 espacios. Entonces, la mayoría de las personas que estamos ahí somos de bajos recursos y en realidad las rentas están muy caras en Imperial Beach”, dijo.
De bajos recursos
La señora Consuelo agregó: “La mayoría de las personas que estamos ahí somos de bajos recursos y en realidad las rentas están muy caras en Imperial Beach. No tenemos el dinero para pagar precios de rentas altas…Entonces la razón por la que estamos aquí es para ver si hay alguna forma”.
Al preguntarle cuánto paga de renta, afirmó: “Depende aproximadamente con lo que se gaste de luz, salimos como unos $725 mensuales”.
Villalpando agregó que “se han salido varios de los residentes (del Trailer Park) porque se han ‘paniqueado’ relacionado a que vamos a quedarnos en la calle y la razón por la que estamos aquí es porque en realidad no queremos quedarnos en la calle”.
“Hay niños también ahí, que se supone que es el futuro del progreso, verdad? Y también ellos están pasando por lo mismo que es injusto también para ellos va a ser impactante”, advirtió, “que los desalojen junto con sus familiares”.
En apoyo a los manifestantes acudió Nora Vargas, precandidata a ocupar el asiento 1 de la Junta de Supervisores Condado de San Diego, que comprende el distrito sur de la bahía de San Diego y el cual por casi dos décadas ha representado Greg Cox.
En principio, Vargas dijo que acudió en apoyo de los manifestantes porque lo consideraba un caso injusto y ante el cuestionamiento de por qué era injusto, respondió: “Es injusto porque han vivido en su residencia durante mucho tiempo”.
“Con todo su trabajo y su esfuerzo pudieron tener esa residencia y de repente que les digan que los van a desplazar y que aunque ellas quieran es muy costoso para ellas (os), porque ya no van a poder tener el mismo ‘mobilhome’ que tenían antes”.
“Es injusto, siento yo”, agregó, “que nuestras comunidades, hablamos de los homeless, hablamos de la gente que no tiene donde vivir y un estudio de esos diga que se pueden ir a vivir a Tijuana no se vale, no se vale porque son gentes que han trabajado mucho por este país y que han dado mucho”.
Vale hacer mención que estos casos de potenciales ‘desalojos’ de familias de bajos recursos comienza a ser frecuente en las ciudades del condado, en parte por el poder que les da a los propietarios de los terrenos donde se asientan las casas móviles y más aún de viviendas establecidas la llamada Costa-Hawkins Rental Housing Act.
La Ley Wilson
Esta ley fue aprobada por la legislatura en 1995, y refrendada por la firma del ex gobernador Pete Wilson, producto de la iniciativa 1164 presentada en coautoría por el asambleísta Phil Hawkins y el senador Jim Costa. En esencia, la llamada Ley de Alquiler Costa-Hawkins establece que las viviendas construidas después del 1 de febrero 1995, no pueden estar sujetas a control de rentas, al igual que las unifamiliares y condominios.
Y aún que los dueños de propiedades de alquiler pueden establecer sus propias tarifas de alquiler (o renta) cuando las unidades de vivienda cambian de arrendamiento.
Vale recordar que en las elecciones del 6 de noviembre del 2018 fue puesto a consideración del electorado de California la Proposición 10 que planteaba la opción de poner fin a la Ley Costa-Hawkins o poner en práctica el control de rentas, pero ganó la primera.
“Pero no podemos dejar de pensar en nuestras comunidades y en las personas que tienen tanto tiempo dando tanto por estas comunidades, creo que no se vale y hay que hacer lo posible por no solamente crear más viviendas , especialmente estos mobil homes. Yo apoyé una estabilización de rentas para que no sea esta cosa que a una persona le den dos o tres meses y los van a cambiar; no se pueden cambiar las reglas del juego así nomás porque si cuando no están cambiando el cómo llegan los recursos para ellos”, consideró al respecto, Nora Vargas.
“Estabilizar precios”
Y concluyó “Creo que es importante, lo que significa para las comunidades. Todos entendemos que el costo de vida es más caro y que van a hacer cambios, pero tiene que haber una razón por la cual vamos a hacer esos incrementos en las rentas; entonces si estabilizamos las rentas para que sea igual para todos”.
De acuerdo con estudios difundidos por CPI, un alto porcentaje de familias del condado de San Diego son de bajos ingresos (en el rango de los 14 mil a los 35 mil dólares anuales) y difícilmente pueden alcanzar a pagar los actuales precios de las rentas (del orden de los 1,200 y 1,500 mensuales como mínimo) o menos adquirir su propia casa, para lo que tendría que pagar arriba de $2,300 mensuales, como mínimo).
Otro hecho es que el gobierno de California, miembros de la legislatura y los gobiernos locales suelen afirmar que la solución es construir “vivienda accesible”, pero no dicen que son los mismos precios enumerados arriba y que difícilmente puede pagar la población de bajos ingresos.