El peor año para los migrantes

Fue un año díficil para decenas de miles de migrantes que buscan asilo

El año que terminó podría ser el peor para los migrantes que deseaban llegar a Estados Unidos, o podría ser el mejor para las políticas del presidente Donald Trump que pese a enfrentar numerosas demandas ha conseguido interrumpir el flujo migratorio, a menudo con medidas opuestas a la protección de derechos humanos.

Mediante un programa que la administración Trump impuso unilateralmente a fines de enero, Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), el gobierno de Estados Unidos ha enviado unos 62 mil migrantes a ciudades de la frontera mexicana a esperar resultados a sus peticiones de asilo, según cifras de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

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De esos más de 60 mil casos, se sabe de 19 que han sido aprobados con diversas clasificaciones, como refugiados, asilados o inmigrantes con protección temporal ante deportaciones, pero la mayoría de esos escasos casos que han concedido cortes de migración enfrenta apelaciones.

A los miles de migrantes varados en la frontera norte de México, se suman unos 98 mil migrantes que el gobierno de México ha deportado, en su mayoría personas que al salir de sus países se proponía llegar a la frontera sur de Estados Unidos.

Adicionalmente la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la encargada de las redadas en el interior del país, reportó 143 mil deportaciones hasta ahora en el 2019.

Aparte, la patrulla fronteriza amplió una jurisdicción para deportación que antes se aplicaba a migrantes encontrados en las primeras cien millas, unos 150 kilómetros, de la frontera y que habrían estado en el país durante menos de dos semanas; esos migrantes enfrentaban “deportación expedita”, sin derecho a presentarse antes jueces de migración.

La patrulla amplió esa jurisdicción a cualquier lugar del país y para migrantes que hayan estado en Estados Unidos menos de dos año, lo que implicaría que las personas trajeran consigo constantemente pruebas de haber vivido más de dos años en el país.

Pero la administración Trump no solo se limita este año a impedir que lleguen migrantes en busca de asilo y a sacar del país a indocumentados, sino que también ha implementado una serie de medidas que ponen en riesgo de deportación a quienes, sin ser ciudadanos estadunidenses, residen legalmente en el país.

Primero impuso que los inmigrantes legales que hayan tenido que recurrir a asistencia pública de cualquier tipo, no podrían solicitar la ciudadanía o regularizar su condición migratoria al considerarles “carga pública”, es decir una carga para los contribuyentes.

Si, por ejemplo, una madre o una abuela de un niño nacido en Estados Unidos tuviera en algún momento de su vida que pedir atención médica o alimenticia para el hijo o nieto, porque la familia carezca de recursos, la administración Trump criminaliza esa petición porque no la hizo un ciudadano estadunidense, no importa que el menor sí sea ciudadano por nacimiento.

La medida se encuentra en litigio en tribunales

La administración Trump también modificó el concepto de “buen carácter moral” que es requisito para quienes quieren residir legalmente en el país, lo que incluye a personas que han vivido en Estados Unidos por años e incluso décadas con distintas visas o permisos.

Ahora el haber sido multado o detenido en dos ocasiones a lo largo de su vida en el país por conducir bajo efectos del alcohol, es motivo suficiente para que la administración además de negar regularización de condición migratoria, proceda a deportación.

Lo mismo aplica para quienes al algún momento de su vida para trabajar hayan usado documentos ajenos, por ejemplo de familiares, o números de seguro social ficticio aunque se les descontaran impuestos que nunca solicitarían regresar.

Más recientemente, el ICE advirtió que reabrirá investigaciones a más de 300 mil dreamers que quedan expuestos a deportación porque cuando el programa fue cancelado, temieron proporcionar a la administración Trump su información confidencial.

Esta semana el ICE anunció que en el 2020, año electoral en que el presiente Trump busca la reelección, se propone deportar a unos 350 mil inmigrantes.