Añejo conflicto, puerto de SD y los alcaldes de Imperial Beach y Chula Vista anuncian demanda internacional

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IMPERIAL BEACH.- Fue cofundador de la reconocida organización ambientalista, Wild Coast y miembro distinguido de Beach Youth Commission and Tidelands Advisory Committe, además de un gran amante del ‘Surf’.

Pero hoy como alcalde Serge Dedina no parece querer esperar más en un tema que tiene muchos años de gestado, pero que en ciertas temporadas (la de lluvias y durante el verano hace crisis: los derrames de aguas negras de Tijuana a San Diego y a los cuales atribuyen la contaminación de las playas costeras del condado.

Por eso no dejó de sorprender que durante una conferencia de prensa efectuada el 2 de marzo en esta comunidad, Dedina acompañado por un grupo de funcionarios de la región, anunciaron que presentarán una demanda en contra de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, Sección Estados Unidos (the International Boundary and Water Commission, United States Section (USIBWC).

“Desastre ambiental y humano”

Allí se encontraban también Dan Malcom, Comisionado del Puerto de San Diego, la alcaldesa de Chula Vista, Mary Casillas Salas y el Concejal de Imperial Beach, Edward J. Spriggs.

“Los derrames de aguas residuales en curso que causan el cierre de playas y enferman a la gente en Imperial Beach son un desastre ambiental y humano y está empeorando, con 28 cierres de playas desde el 1 de enero. Estamos presentando esta demanda como último recurso y agradecemos la participación de la ciudad de Chula Vista y el puerto de San Diego “, dijo el alcalde de Imperial Beach, Serge Dedina.

“Las peores violaciones ambientales”

Agregó desafiante: “Alentamos a otras comunidades y partes interesadas a unirse a nosotros para encontrar una solución permanente a lo que podrían ser las peores violaciones ambientales en curso en los Estados Unidos”.

Y es que Dedina forma parte de un grupo de ciudadanos que impulsaron la construcción de la llamada Planta Binacional y hace un año se comprometieron “a colaborar con México para finalmente dar solución al problema de derrame de aguas negras que corren desde Tijuana y terminan en las playas estadounidenses” y que hizo crisis en febrero del 2017.

Será la Comisión, cuya directiva en San Diego recién fue renovada, con el nombramiento de 11 miembros, este 1 de marzo, quien reciba la herencia de “los compromisos” no cumplidos por ambas partes: La Comisión Internacional de Límites y Aguas de Estados Unidos y su contraparte mexicano: el CILA.

Una historia repetida

En un reporte divulgado por esta comisión responsabilizó al derrame del año pasado “al colapso de un colector (Insurgentes), que comparten vecindad con los ríos Tijuana y arroyo Alamar en la ciudad de Tijuana que habría ocasionado una fuga de 28 millones de galones de aguas negras que en cuatro días”, según dicho reporte, habrían ingresado a territorio estadounidense.

Incluso, se señala que “el año pasado, los demandantes presentaron un intento de demandar a la agencia, Sección de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, y la empresa, Veolia Water North America, por presuntamente violar la Ley de Agua Limpia y Ley de Conservación y Recuperación de Recursos”.

“Las autoridades del lado estadounidense de la frontera a menudo se ven obligadas a cerrar playas tan al norte como el Hotel del Coronado después de las tormentas, cuando las aguas residuales son expulsadas de Baja California hacia aguas americanas”, se acepta en un reporte ordenado por el CILA y efectuado el año pasado.

Se indicó en el mismo que incluso “el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Tijuana y Border State Park ha tenido que ser cerrado por inundaciones y la contaminación provocadas por desechos residuales provenientes de la vecina ciudad fronteriza.

Se indicó que “un ejemplo particularmente extremo del problema llegó el pasado mes de marzo después de una el colector de aguas residuales en Tijuana colapsó y las aguas residuales se desviaron hacia los ríos Tijuana y Alamar durante el trabajo de reparación”.

Panorama incierto

Otro hecho es que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (Enviromental Protection Agency, EPA), la cual a través de diversos organismos como Border Enviroment Cooperation Commission (Comisión de Cooperación Ambiental Fronteriza), por medio de financiamiento del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBANK), autorizan el dinero para la construcción de obras de infraestructura (de agua, alcantarillado y pluvial) en la frontera de México-Estados Unidos.

El hecho es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó un posible recorte en el presupuesto 30% a dicha agencia ambiental, otro de los asuntos que preocupan a las autoridades de ambos países.

Horacio Rentería

Ellatinoonline.com

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