La separación de menores de sus familias es una dura realidad

Separar familias es terrorismo de estado se lee en esta cartulina mostrada durante la manifestación. Foto-Cortesía: Pedro Ríos.

SAN DIEGO.- El Procurador Jeff Sessions advirtió en su visita a San Diego el pasado 7 de mayo: “Los inmigrantes indocumentados que pasen con niños, no solamente serán procesados los adultos, sino separados, según lo exija la ley”.

A poco más de un mes, está alerta, que es un claro reflejo de que la política federal migratoria ha comenzado a hacer crisis, pues, de acuerdo a Stephen Kang, abogado de Detención del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, considera que esto expone “a los niños que vinieron a este país en busca de alivio y protección a un mayor daño”.

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“La ley exige que el gobierno libere sin demora a los menores no acompañados a los centros de custodia que sean lo mejor para el niño, pero ahora el DHS está preparado para dificultar que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados coloque a los niños con los patrocinadores. Esto prolongará inútilmente el tiempo de los niños bajo custodia y obstaculizará sus derechos al debido proceso”, advirtió el abogado.

Asimismo, mientras un grupo de activistas se manifestaron en contra de presuntas violaciones legales en contra de las mujeres y sus niños (as) detenidos (as) en centros de detención el domingo 10 de mayo frente a las instalaciones del Centro de Detención de Otay, ACLU demandó, representando el caso de una mujer del Congo que, al solicitar asilo político, estuvo arrestada cinco meses junto a su hija (de 7 años de edad) en un centro de detención de San Diego.

Con la participación de organizaciones activistas defensores de los Derechos Humanos como Pueblos Sin Fronteras, American Friends Service Committe, entre otras, se expresaron en contra de la política de “Cero Tolerancia” anunciada por el Procurador Sessions y que llevan a cabo las agencias migratorias, con el respaldo de la Administración Trump.

Los manifestantes, con cánticos y diversas expresiones de desacuerdo con la actual política migratoria federal, “incluida la política de separar a los niños vulnerables de sus padres” expresaron su respaldo a los padres inmigrantes que se encuentran dentro de las instalaciones del Centro de Detenciones de Otay Mesa, una prisión privada de San Diego.

Los oradores también destacaron las demandas de “los detenidos que se organizan dentro de la prisión para denunciar prácticas abusivas y predatorias de CoreCivic, (compañía privada encargada de administrar las instalaciones del centro de detención), incluida la negativa de atención médica adecuada y la práctica de obligar a los detenidos a trabajar turnos largos por $1.50 al día, bajo la amenaza de represalias”.

El director de AFSC, Pedro Rios López, afirmó que “37 migrantes detenidos en el Centro de Detención Otay, administrado por la empresa privada CivicCore, escribieron una carta denunciando el trato abusivo y vengativo por los guardias de las instalaciones de detención, y pidieron a la comunidad de San Diego que demostrara nuestra solidaridad con las acciones y el apoyo”.

Y escribió en “el domingo 10 de junio, varios cientos de miembros de la comunidad de San Diego, Tijuana, LA y de otros lugares se unieron para denunciar las condiciones abusivas. Casi 1000 migrantes, muchos de los cuales han solicitado asilo en los Estados Unidos y están separados de sus hijos y familias, están detenidos en el centro de detención de Otay”.

Indicó Ríos López que guardias armados bloquearon la entrada al estacionamiento que conduce al centro de detención.

“Separar familias es terrorismo de estado”, consideró el activista.

 

Manifestantes durante la expresión pública. Atrás de ellas. las instalaciones del Centro de Detención de Otay Mesa. Foto-Cortesía: Tristan Philips.
Otro aspecto de la manifestación efectuada frente a las instalación del Centro de Detención de Otay Mesa. Foto-Cortesía: Tristan Philip.