En el banquillo de los acusados se encuentran las agencias federales acusadas de la separación familiar

Los niños están sufriendo demasiado reconoce el Juez Dana Sabraw. Foto-Cortesía.
Johana Ortiz, madre guatemalteca separada de su hijo. Foto-Cortesía.

SAN DIEGO.- Las agencias federales y sus jefes del Departamento de Inmigración, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP),  Ciudadanía e Inmigración(USCIS),  Aduanas y Protección Fronteriza, Seguridad Nacional (DHS), la Oficina del Procurador y Servicios de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, entre otros, han sido sentados en el banquillo de los acusados.

La demanda fue interpuesta por las organización activista defensora de derechos humanos American Civil Liberties Union Immigrant’s Rights Project.

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¿El motivo? La separación familiar de padres e hijos que obligó al Juez de la Corte Federal de San Diego, Dana Sabraw a emitir un ultimátum al gobierno de Donald Trump: entregar a los niños menores de 5 años a sus padres, este martes 11 de julio y el resto (más de 2,000), a más tardar el 26 de julio.

Las primera prueba

Durante una audiencia efectuada la mañana del martes 11 en la Corte Federal de San Diego, de acuerdo con Bardis Vakili, de ACLU, condados d  San Diego e Imperial el Juez Sabraw fue categórico:

Durante una conferencia de prensa indicó que de los  primeros 102 niños (separados de sus padres)  67 de ellos deben haberse liberado y puestos a disposición de sus padres o tutores, pero 12 van a tener que esperar, porque a sus padres se les sigue un proceso en alguna corte criminal.

¿El resto? Según el gobierno no son elegibles

En el mismo sentido, cabe señalar que en la introducción de la demanda presentada ante la Corte del Distrito Sur de Estados Unidos en California por la organización defensora de derechos humanos de los inmigrantes, American Civil Liberties Union Foundation Immigrant’s Rights Project, ACLU, con sede en Nueva York es muy precisa:

Cuestionan práctica

“La queja alega que los acusados tienen, como práctica a nivel nacional, de llevar a los niños lejos de sus padres sin una legítima justificación, sin demostrar que los padres estén poniendo en peligro al niño”.

Por el contrario, se indica, “los acusados infligen daño a los niños al arrancarlos de sus padres, con crueldad gratuita por parte de la Seguridad Nacional: El gobierno ha detenido rutinariamente a padres e hijos juntos, en centros de detención de inmigrantes familiares. Por lo tanto, el gobierno mismo no ha atendido el estatuto la separación familiar.

Espera ACLU que cumpla

Al término de la audiencia efectuada en la Corte Federal de San Diego, Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes de ACLU, dijo que esperan que el gobierno federal cumpla con la orden girada por el Juez Sabraw.

“Estos niños ya han sufrido mucho debido a esta política, y cada día adicional aparte aumenta el dolor ‘’, dijo Gelernt.

Un día antes de la audiencia del martes, el lunes 9 de julio, el Juez Sabraw señaló que pese a que la fecha límite de reunificación no se había satisfecho en su totalidad , en general, mostraba satisfacción por los esfuerzos realizados por el gobierno federal para cumplir con esta orden legal.

Por otra parte, para el miércoles 12 y jueves 13 de julio se debió entrevistar a más de mil niños que se encuentran en Casa Padre de Brownsville, Texas.

Un hecho adicional es  que el gobierno federal aceptó que podrían ser hasta 3 mil los niños que se encuentran separados de sus padres, en vez de 2 mil, como inicialmente había aceptado.

Benjamín Prado, un conocido activista para American Friends Service Committee, indicó que en la búsqueda de reunificación de estos niños, “el gobierno ha reconocido que en muchos casos esto va a ser imposible, porque muchos (padres inmigrantes) ya han sido deportados y los niños todavía permanecen aquí”.

Aclaró, no obstante, que el Juez Sabraw dejó claro que no es una fecha de aspirar a la reunificación sino que “se tiene que hacer y lo bueno que para el viernes va a haber una nueva audiencia en la que se va a exigir el estatus de cumplimiento y asegurar que para el 26 de julio todas las familias hayan sido reunificadas”.

Un hecho evidente se aprecia en el caso de Johana Ortiz, una mujer guatemalteca que fue deportada y que hasta ahora sólo había podido tener comunicación telefónica con su hija, que ilustra, al igual que cientos de casos, en el que padres desconocen dónde se encuentran sus hijos por la política de separación familiar generada en la llamada “Cero Tolerancia”.


Los niños están sufriendo demasiado reconoce el Juez Dana Sabraw. Foto-Cortesía.
Lee Gelernt, director de la Fundación de los Derechos de los Inmigrantes de ACLU: Foto: Horacio Rentería/El Latino SD,