Apelan resolución en torno al Muro Fronterizo y Leyes, el grupo ambientalista “Centro de Diversidad Biológica”

SAN DIEGO.- Un tribunal federal de apelaciones escuchó los argumentos presentados por un grupo de defensa que desafía a la renuncia del gobierno a varias leyes ambientales para avanzar en la construcción del muro fronterizo propuesto por el presidente Donald Trump.

En febrero, el juez de distrito de los Estados Unidos, Gonzalo Curiel, en San Diego, sostuvo que las exenciones ambientales otorgadas para la construcción de los prototipos del muro fronterizo y el reemplazo de 18 millas de valla fronteriza existente en la frontera desde San Diego hasta El Centro, se limitaban  a la corrección de las mismas.

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Consideró el Juez Curiel que, por lo tanto, el tema no comprendía al gran debate público y político sobre la necesidad para un muro fronterizo más extenso.

Asimismo, las autoridades federales vienen sosteniendo que el tramo de barda referida ya no es funcional para proteger la frontera Estados Unidos México.

La decisión del Juez Curiel fue, sin embargo,  por el Centro de Diversidad biológica, que argumentaron que la ley de 2005 se utilizó como base para las exenciones “es anticuada” y obsoleta.

De hecho, la ley otorga amplios poderes al Departamento de Seguridad Nacional de que las agencias puedan renunciar a las leyes que exigen revisiones ambientales y de otro tipo, incluida la Ley Federal de Política Ambiental, la Ley de Aire Limpio y Ley de Especies en Peligro de Extinción.

El juez dictaminó que la ley es constitucional y el Departamento de Homeland Security actuó correctamente al aplicarlo.

En su apelación, el Centro para la Diversidad Biológica continuó discutiendo que el gobierno estaba “confiando en una exención del Congreso que expiró hace años”, según Brian Segee, un abogado del grupo.

“Las comunidades y la vida silvestre que residen en la línea fronteriza merecen las mismas protecciones que todos los demás en el país ‘’, dijo.

Esperamos que el tribunal ponga  fin a esta anarquía y extralimitación ejecutiva ‘’.

El Departamento de Justicia ha defendido el proyecto, insistiendo después del fallo de Curiel de que “la seguridad fronteriza es primordial para frenar el flujo de la inmigración ilegal que contribuye al aumento del crimen violento y a la crisis de la droga y socava la seguridad nacional “.