Los ‘Dreamers’ son en su mayoría mexicanos

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La mayoría de los dreamers la componen inmigrantes mexicanos indocumentados –el 79 por ciento de los soñadores– que llegaron cuando eran muy pequeños en compañía de sus padres a Estados Unidos, ya sea porque cruzaron la frontera o porque viajaron con visa como visitantes y permanecieron en el país cuando la visa expiró.

En octubre del 2012, luego de años de fracasos para aprobar una reforma migratoria en el congreso, el expresidente Barack Obama giró una orden ejecutiva para permitir a esa comunidad de jóvenes que llegaron al país sin elegirlo personalmente y que consideraban a Estados Unidos como su patria y el único país que en realidad conocen.

Esa orden, la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA, concedió permiso para permanecer legal y temporalmente en el país a los jóvenes durante periodos renovables de dos años, la idea principal era eliminar excusas de seguridad y reafirmar cada dos años que los beneficiarios seguían sin tener antecedentes penales.

Todos los requisitos para inscribirse en el programa partieron de la fecha 15 de junio del 2012 como momento clave: los beneficiarios tenían que haber llegado al país antes de esa fecha y tener menos de 31 años de edad para entonces, pero también haber llegado a Estados Unidos con menos de 16 años de edad.

También necesitaban haber vivido continuamente en el país durante los cinco años previos, es decir, desde el 15 de junio del 2007.

Igualmente se les exigía estar o en estudios o reclutados en las fuerzas armadas, y, por supuesto, nunca haber sido arrestados.

A los jóvenes se les llama dreamers o soñadores en inglés porque antes de DACA esperaban tener regularización migratoria mediante una fallida propuesta de ley conocida como Acta del Sueño, como referencia al “sueño americano” al que aspiraban los jóvenes.

Para cubrir todos esos requisitos, y poder estar legalmente, trabajar, estudiar, obtener licencia de conducir y crédito financiero, entre otros, los dreamers entregaron al gobierno federal estadunidense toda su información confidencial que pudiera ser corroborada, como la fecha en que ingresaron al país como indocumentados o la fecha en que venció su visa, su actual dirección y la de su trabajo y escuela.

La directora de la organización Alianza San Diego, la abogada Andrea Guerrero, explicó que los dreamers, “son parte importante de nuestra comunidad; son nuestros compañeros de clases o de nuestros hijos, nuestros vecinos, a quienes encontramos en la iglesia, en los partidos deportivos, quienes nos atienden en persona o por teléfono”.

Pero tienen además otras características, como una sola detención o arresto terminaría con los beneficios que tienen con el programa, son una comunidad de lo mejor portada; y como siempre han estado en el limbo por su condición migratoria, están entre los estudiantes de educación superior más aplicados y con mayor rendimiento, para recibirse cuanto antes, o antes de que algo pudiera suceder.

Por eso ahora las universidades están entre las instituciones que más presionan al congreso para que regularice la condición migratoria de los dreamers.

La Universidad Estatal de California, por ejemplo, calcula que más de ocho mil de sus estudiantes y más de 300 de sus empleados son dreamers; y entre los trabajadores hay muchos que son profesores adjuntos, por su nivel de aprovechamiento.

Desde que el programa se implementó, unos 790 mil dreamers –algunos centros mencionan 800 mil— ya habían ingresado al programa, y un número desconocido de quienes antes de la semana pasada habían cumplido 16 años tienen pendientes trámites ante la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración.

Algunas instituciones se refieren a alrededor de un millón de jóvenes porque todavía faltaban pro inscribirse quienes han vivido en el país desde muy pequeños y todavía no cumplen 16 años de edad para solicitar DACA.

Ahora la administración del presidente Donald Trump anunció con seis meses de antelación el cierre de ese programa, al que consideró ilegal.

Este es el nuevo panorama para los dreamers:

Quienes no se inscribieron hasta antes de este martes, 5 de septiembre, ya no podrán hacerlo.

Para quienes el permiso de dos años expira entre esta semana y el 5 de marzo próximo, la administración permite que renueven la protección contra deportaciones por dos años más, a condición de que soliciten la extensión antes del 5 de octubre.

Para los demás, la protección contra deportaciones termina el 5 de marzo y si el congreso no alcanza antes un acuerdo, vuelven a ser indocumentados.

Algunos dreamers, una minoría, ha declarado que evalúan con sus familias la posibilidad de regresar a México, pero ven la opción como posibilidad remota.

El embajador de México en Washington, Gerónimo Gutiérrez, dijo que su gobierno hará “uso de todas las herramientas disponibles, involucrando directamente con congresistass para tratar de expresar nuestro punto de vista” sobre los dreamers.

El embajador aclaró que “no es que no los queramos de regreso (en México); es que ya han hecho una vida aquí desde que eran niños. Creo que eso marca una diferencia”. Dijo que un dreamer es “básicamente como cualquier otro niño de los Estados Unidos.

Comentó que algunos jóvenes soñadores “es muy probable que tienen trabajo, que estén, algunos de ellos, casados, que incluso tengan un hijo o dos que nacieron aquí en los Estados Unidos, incluso podría tener un pequeño hogar, una hipoteca, un perro y un coche. ¿Sería fácil que regresaran?”.

De hecho la mayoría de los jóvenes a quienes se les ha preguntado qué opina acerca de regresar a México responden que es un país que ahora desconocen.

Otra opción remota que muy pocos han mencionado es la posibilidad de mudarse a Canadá, pero un abogado canadiense dijo a que esa opción no es muy fácil.

El abogado Andrés Miguel Pareja, de Montreal, comentó a El Latino que “la dificultad si cruzan a Canadá sigue siendo la ausencia de estatus legal en los Estados Unidos que les impide solicitar ingreso a los programas canadienses”

De viajar a Canadá, “se les exigiría presentar su solicitud como si estuvieran en su país de origen y estar sujetos a los mismos requisitos y proceso de selección que sus compatriotas”.

Por otra parte, si los dreamers llegaran ilegalmente a Canadá, “acabarían por estar en otro estado de inmigración precaria y podrían ser objeto de deportación desde Canadá a sus países de origen, no a Estados Unidos”.

Manuel Ocaño

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