El estado de California será el primero en convertirse en santuario. El gobernador Jerry Brown ya firmó la ley SB54 aunque entra en vigor el primero de enero, dentro de menos de tres meses.

La ley cuyo nombre es Acta de los Valores de Calif0rnia va a prohibir que la oficina de Inmigración y Control de Aduanas o ICE tenga asignados espacios dentro de las prisiones estatales y de los condados.

Esas oficinas en las cárceles han sido las principales responsables de deportaciones de miles de migrantes por faltas como ocasionar algún accidente sin heridos o conducir sin licencia o con licencia vencida.

La SB54 también prohíbe que los oficiales del ICE y la patrulla fronteriza se presenten en iglesias, escuelas o en tribunales o cortes en el estado.

Adicionalmente, las autoridades carcelarias ya no van a retener a indocumentados que vayan a salir libres hasta que los detengan autoridades de migración. Las únicas excepciones serán cuando se trate de indocumentados que son muy peligrosos por cometer delitos con violencia o que tienen antecedentes criminales serios.

El gobernador dijo que “con esta ley, las autoridades no preguntarán sobre el estatus migratorio durante las interacciones de rutina; también prohíbe las solicitudes que autoridades locales –policías y alguaciles—hagan el trabajo de agentes de inmigración”.

Brown aclaró que “la ley no prohíbe que el ICE o el Departamento de Seguridad hagan su trabajo con sus propios recursos”, pero sin obligar a que las autoridades de las ciudades y los condados trabajen o colaboren con ellos.

El ICE de inmediato respondió con un memorándum que algunas autoridades de California tomaron como amenaza de represalia.

“El ICE no tendrá otra opción que realizar arrestos en gran escala en los barrios locales y en los lugares de trabajo, lo que inevitablemente resultará en arrestos colaterales adicionales, en lugar de centrarse en arrestos en cárceles y cárceles donde las transferencias son más seguras para los oficiales ICE y la comunidad”, advirtieron las autoridades de migración.

Según el ICE, la SB54 “crea un imán para más inmigración ilegal, a expensas de la seguridad”.

El autor de la ley, el presidente del senado, Kevin de León, respondió que con declaraciones imprecisas, la administración el presidente Donald Trump amenaza nuevamente a California, porque el estado se niega a participar en usar sus policías para separar familias.

De León ha advertido que las autoridades policiales de California no pueden dejar de cuidar la seguridad pública ni gastar sus propios recursos en operaciones que, además de que corresponden a autoridades de migración, atentan contra las familias en California y contra la fuerza laboral, y por lo tanto contra la sexta economía mundial.

California aprobó la ley antes de que el presidente Trump presentara el fin de semana una lista de exigencias e endurecimiento en migración como requisitos para continuar el programa que protege a los dreamers, la Acción Diferida.

Sandra Díaz, dirigente en San Diego el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), declaró que “vamos a encabezar la resistencia para defender a nuestros inmigrantes contra la máquina de deportación de Trump en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, en nuestros lugares de trabajo y en esta nación”.

Díaz reiteró que con la SB54, “California ha reafirmado su compromiso de defender la dignidad humana de todos los californianos, incluidas las comunidades de inmigrantes”.

Manuel Ocaño