Descartan rumores de presuntas sanciones al cruzar la frontera

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Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo hace menos de un mes han circulado varios rumores sobre presuntas sanciones a quienes cruzan la frontera y redadas en el condado de San Diego.

Tanto autoridades fronterizas como residentes organizados en redes sociales para informar condiciones para cruzar por las garitas coinciden en llamar a la calma para no generar ni divulgar rumores.

Las versiones se refieren erróneamente a retiros de documentos a residentes legales en las garitas de Otay y San Ysidro, cancelación de visas por información que los viajeros llevan en celulares, represalias contra madres de niños estadunidenses que viven en el extranjero, así como de redadas en el condado de San Diego.

Aunque potencialmente las autoridades pueden sancionar por cada uno de esos puntos, ni las personas que cruzan ni la oficina de prensa de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirman que haya operativos para castigar a los fronterizos.

Esta semana varias organizaciones de derechos civiles de San Diego exhortaron al público que cruza a diario la línea a denunciar si alguien había sido forzado a firmar un formulario I-407.

Los grupos ofrecieron apoyo luego de que circularan versiones de que agentes de las garitas obligaban a personas que tienen residencia legal en Estados Unidos pero viven en Tijuana a renunciar a su condición migratoria.

Después de un par de días de consulta en redes en las que se comunican los viajeros, nadie testificó haber sido despojado de documentos.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Comité de Servicios Amigos Americanos (AFSC) y Alianza San Diego confirmaron que no recibieron ninguna denuncia sobre la forma I-407.

Luego alguien en Ciudad Juárez informó que le habían revisado su celular al cruzar a Texas y que por tener imágenes despectivas del presidente Donald Trump, le habían retirado su visa.

Una reportera de Tijuana tomó esa versión y la divulgó a nivel nacional en México pero con la modificación de que había ocurrido en Tijuana (donde CBP no puede quitar documentos porque es otro país).

La portavoz de CBP, Angélica DeCima, dijo que las autoridades revisan ocasionalmente a quienes radican en México y solicitan el permiso I-94 para ingresar más allá de 25 millas o por periodos de más de un mes, pero descartó que sea política de su institución

Otra versión es que a los residentes legales que viven en Baja California les estarían quitando sus documentos de residencia porque debieran de vivir en territorio estadunidense.

Salvo dos casos, ambos antes de que el presidente Trump llegara a la Casa Blanca, nadie más confirma haber tenido cambios al cruzar a California. Los dos casos fuero cambios de residencia legal a la condición migratoria conocida como “commuter”.

Quienes cambian a commuter pueden vivir en territorio mexicano y trabajar en estadunidense con permiso de trabajo pero pierden todas las otras ventajas que tienen los residentes legales, como acumular cinco años de residencia para solicitar la ciudadanía estadunidense o ser elegibles para beneficios.

Otro rumor surgió por declaraciones acerca de los residentes de los siete países de África y el Medio Oriente de los que el presidente Trump había ordenado que no llegaran ni visitantes ni refugiados.

Erróneamente se informó que estaban quitando documentos a residentes legales al regresar de México a California. Lo que tampoco es cierto.

Una fuente federal informó a condición de anonimato que no hay ningún cambio ni operativo contra residentes en la frontera.

Más recientemente se informó también erróneamente que las autoridades de migración van contra personas que nacieron en Estados Unidos por breves visitas de sus madres en fechas de parto.

Aunque la campaña electoral Trump mencionó en una ocasión esa comunidad y la administración Trump la mencionó nuevamente unos vez, hablar del tema está muy lejos de ser un operativo o una campaña contra madres o hijos nacidos en Estados Unidos que han crecido fuera del país.

El diario The Washington Post informó que en dos próximas órdenes ejecutivas, el presidente Trump pedirá que deporten a residentes legales que han dependido de asistencia gubernamental, y que las visas sean entregadas a personas que no causará gastos de presupuesto público sino que aporten de alguna forma a Estados Unidos.

Ambas órdenes seguían sin emitirse al cierre de esta edición.

Por otra parte, en el norte del condado de San Diego algunas personas han informado sobre redadas que no se han podido comprobar.

La policía de Escondido desplegó recientemente un retén para detectar conductores alcoholizados, pero también se instalaron operativos similares ne otras ciudades del condado.

En San Marcos hay una versión de que el día que el presidente Trump tomó el cargo, las autoridades de migración realizaron un operativo y arrestaron a una madre de familia que habría sido deportada.

Sin embargo, durante varios días de indagar, nadie ha podido precisar el nombre o identidad de la persona que habría sido deportada, y tampoco pudieron informar dónde viven sus familiares.

Un rumor más indicó que dos patrulleros fronterizos habían exigido mostrar documentos a clientes de un conocido supermercado latino de San Diego, pero al consultar con ese negocio, la administración negó que haya ocurrido.

Manuel Ocaño

Ellatinoonline.com

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