Las ciudades santuario tienen menos delincuencia y más prosperidad: UCSD

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La Jolla, San Diego.- Las ciudades santuario, en las que las autoridades rechazan colaborar con oficiales de migración, tienen menos delitos, menos pobreza y mayor prosperidad económica, de acuerdo con un estudio que elaboró la Universidad de California con base en datos de las propias autoridades de migración.

El investigador Tom Wong, de la Universidad de California en San Diego (UCSD), detalló que las ciudades santuario reportan 35 por ciento menos actos delictivos y un ingreso promedio de 4,353 dólares anuales más que en las ciudades que colaboran con autoridades de migración.

En las ciudades santuario la pobreza es 2.3 por ciento menor que en las que no lo son, y el desempleo es por lo menos 1.1 por ciento menor en las ciudades santuario.

Wong realizó su investigación con base en el banco nacional de datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), el brazo investigativo del Departamento de Seguridad Nacional (HSD) encargado de detener y deportar a indocumentados y extranjeros delincuentes, así como a estadunidenses prófugos cuando regresan al país.

El académico consiguió esos datos mediante la ley Acta de Libertad de Información.

“Los datos son claros: el crimen es significativamente más bajo en los condados santuarios en comparación con los condados no-santuarios. Por otra parte, las economías son más fuertes en los condados santuarios”, dijo Wong.

La prosperidad de las ciudades y condados santuario se refleja en “el promedio de ingreso de los hogares, menos pobreza y menos dependencia a la asistencia pública, y una mayor participación en la fuerza de trabajo, así como mayores proporciones empleo”, indicó.

La investigación incluyó a dos mil 492 condados, cada uno de ellos con varias ciudades. De ese total el ICE consideró en su banco de datos como santuarios a 602 condados.

El académico del Centro para el Progreso Americano de la UCSD concluyó que “las comunidades son más seguras cuando las agencias policiales no se enredan en los esfuerzos federales de inmigración”.

Dijo que “los datos también confirman que cuando los condados protegen a todos sus residentes, ven ganancias económicas significativas”.

Al mantenerse fuera de la aplicación federal de la inmigración, los condados del santuario mantienen a las familias unidas, y cuando los hogares permanecen intactos y las personas pueden seguir contribuyendo, esto fortalece las economías locales.

Dijo que además, con base en un informe publicado por la Asociación Internacional de Jefes de Policía, “apoyar esfuerzos federales de aplicación de la ley de inmigración puede conducir a distanciamiento entre las autoridades locales –alguacil y policía– y las comunidades a las que éstas sirven, lo que perjudica la seguridad pública”.

Por lo tanto aconseja que ni el alguacil ni los departamentos de policía “deberían participar en la aplicación de las leyes civiles de inmigración, ya que esa colaboración tendría un efecto desalentador tanto para los extranjeros legales como para los indocumentados que denuncien actividades delictivas o asisten a la policía en investigaciones criminales”.

Todas las ciudades y condados en Estados Unidos comparten con el ICE y la Oficina de Investigaciones Federales (FBI) los datos de las personas que arrestan, incluida la información de la condición migratoria.

Pero a diferencia de las ciudades santuario, la manera en que las autoridades de las ciudades y condados no-santuarios cooperan con autoridades de migración consiste en que retienen 28 horas adicionales a los detenidos cuando son indocumentados para dar tiempo a que las autoridades de migración pasen y los mantengan detenidos hasta su deportación.

La única excepción es que las ciudades santuario sí retienen a indocumentados para entregarlos a autoridades de migración cuando han cometido delitos serios, con sentencias de más de un año y un día de prisión, o al terminar de purgar condenas por crímenes graves.

En las jurisdicciones no-santuario, las autoridades locales colaboran con una ley aprobada en 1996 que exige deportar a los indocumentados infractores.

En esta primera semana en el cargo el presidente Donald Trump ordenó suspender la entrega de fondos federales para seguridad a las ciudades santuario.

El mandatario dijo antes de tomar posesión que priorizaría la deportación de unos tres millones de indocumentados con antecedentes penales de todo tipo.

Manuel Ocaño

Ellatinoonline.com

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