Estados Unidos “violó normas de deportación”, en al menos dos casos, considera Canciller mexicano

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CIUDAD DE MEXICO La cancillería de México aseguró hoy que la deportación de los mexicanos Maribel Trujillo y Juan Manuel Montes violan las normas en la materia de Estados Unidos, por lo que evalúa recurrir a “las instancias jurisdiccionales correspondientes, con el fin de hacer valer el Estado de derecho”.

Estos casos “representan una violación a las normas expresas de deportación en aquel país, ya que ninguno de los connacionales representaba un riesgo para la seguridad” del país, afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Además, “ninguno de ellos cuenta con antecedentes de carácter criminal”, destacó la cancillería en un comunicado en el que aseguró que ha dado “puntual seguimiento a la detención y proceso de deportación” de estos dos mexicanos.

“Se ha fortalecido el diálogo con las autoridades estadounidenses y se evalúa la posibilidad de recurrir a las instancias jurisdiccionales correspondientes, con el fin de hacer valer el Estado de Derecho”, apuntó.

Sostén familiar

Trujillo, madre de cuatro menores estadounidenses, es el sostén de su familia y desde 2002 ha trabajado y contribuido a su comunidad en Estados Unidos.

Fue detenida en su hogar en Fairfield (Ohio, EE.UU.) y deportada el miércoles, día en que fue recibida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por personal de la cancillería y del Instituto Nacional de Migración, que conversó con ella sobre su caso, y se verificó su estado de salud.

Los consulados en Indianápolis y Nueva Orleans estuvieron en contacto con Trujillo y sus abogados durante el periodo de detención y el proceso de deportación, para garantizar el respeto de sus derechos y que la repatriación se efectuara de manera segura y ordenada, detalló la SRE.

Pero Seguridad Nacional tiene otra versión

En el caso de Montes, beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el consulado en Calexico le ofreció asistencia al joven y a sus familiares.

Además, pidió a la Patrulla Fronteriza y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza “una investigación exhaustiva” para establecer si su deportación, que se dio el pasado febrero, se apegó a la norma vigente y al Arreglo Local de Repatriación, firmado entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

Sin embargo, en su defensa frente a la información que apareció publicada en medios tan influyentes como New York Times y Washington Post, El caso de un “soñador” que se cree que fue el primero deportado bajo la administración de Trump tomó otro giro el miércoles, cuando el Departamento de Seguridad Nacional corrigió información sobre el estatus legal del joven, pero luego divulgó más detalles que pusieron en duda sus afirmaciones establecidas en Una demanda federal de San Diego.

El Departamento de Seguridad Nacional había dicho el martes que Juan Manuel Montes Bojorquez, de 23 años, había fallado en 2015 para renovar su estatus para trabajar legalmente e ir a la escuela en los Estados Unidos bajo el Programa de Acción Diferida por Llegadas de la Niñez, o DACA.

Pero el miércoles la agencia dijo que una búsqueda detallada de registros encontró que Montes había renovado su estatus y era elegible hasta 2018, dijo la agencia.

A pesar de la confusión sobre su condición de DACA, la Seguridad Interior defendió deportar a Montes y sugirió que el joven no estaba siendo sincero.

Según la demanda presentada el martes, Montes dice que fue deportado dos veces en febrero, primero después de ser abordado por un oficial de fronteras en Calexico y de nuevo después de que admitió que entró ilegalmente en Estados Unidos unos días más tarde.

Montes dijo que había estado dejando la casa de un amigo y que estaba caminando a una parada de taxis en Calexico cuando fue abordado por un oficial de bicicletas. Dijo que fue interrogado sobre su identidad, llevado al puerto de entrada y finalmente deportado. Dijo que había olvidado su cartera en el auto de un amigo, que tenía su tarjeta de autorización de trabajo

Ahora Juan Manuel, quien trabajaba en campos agrícolas de California para ayudar a su familia y estudiaba soldadura en un colegio comunitario, ha presentado su demanda amparado en el Acta de Libertad de Información (Freedom of Information Act).

Parte de la defensa del hombre de 23 años de edad es llevada por Mónica Ramírez Almadani, ex asistente para la Ex Procuradora de Justicia de California y ahora una de las dos senadoras del estado, Kamala Harris y quien trabajó para National Immigration Law Center, quien también lleva parte del caso. (EFE/USA/Servicios El Latino).

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