Dirigiendo el flujo de madres centroamericanas y niños que buscan asilo

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Después del primer día del 2016, el gobierno de Obama dio luz verde para una serie de redadas para aprehender, detener y deportar Centroamericanos, la mayoría de los cuales eran madres y niños, quienes llegaron a este país en los últimos dos años en busca de protección. En los dos primeros días de las redadas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE por sus siglas en inglés, arrestaron unas 121 personas por alrededor del país, y si esperan redadas adicionales. Según informes de prensa, el personal del ICE han entrado a casas, a veces sin una orden judicial o consentimiento, y despertando a niños de sus camas antes de tomar en custodia a familias. Anqué el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. solo ha dirigido las redadas contra familias que tienen orden final de deportación, sigue habiendo serias dudas sobre si aquellos que son afectados por las redadas han recibido suficiente debido proceso legal, como la oportunidad de encontrar asesoría legal adecuado en los procedimientos de inmigración y un aviso preciso y suficiente sobre su programación de audiencias en la corte.

Consideremos por un momento las condiciones en Guatemala, Honduras, y El Salvador que muchas de estas familias probablemente huyeron, y que les dará la bienvenida en su regresa. De acuerdo con los datos más recientes de las Naciones Unidas, las tasas de homicidio de los tres países se encuentran entre los cinco primeros mundialmente; El Salvador está en camino este año para reemplazar a Honduras como la capital mundial del asesinato. Durante los últimos seis años, los tres países también han clasificado dentro los cuatro países del mundo con la mayor tasa de feminicidio, que es el asesinato de mujeres y niñas. Actualmente, El Salvador y Honduras ocupan el primero y el segundo lugar en el mundo. Según el último informe anual por país, para Guatemala del Departamento de Estado de Estados Unidos, “En la mayoría de los asesinatos [de las mujeres y las niñas], asalto sexual, la tortura, la mutilación y eran evidentes. … La tasa de condenas fue sólo del 1 al 2 por ciento para el feminicidio.”

Es la responsabilidad legal y moral de todas las naciones para proteger a las personas de ser vueltas a enfrentar la persecución y la tortura en sus países de origen. Bajo ambas leyes nacionales e internacionales, la protección de los refugiados significa, como mínimo, garantiza que nadie será devuelto a un país donde tengan un fundado temor de persecución, por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenecía a determinado grupo social. Donde la persecución es perpetrada por un actor no estatal, como suele ser el caso en el Triángulo Norte de Centroamérica, la protección de refugiados todavía se aplican cuando el estado no puede o no ofrecer protección.

Para las personas que buscan refugio, la búsqueda de la protección en los Estados Unidos es un asunto de vida o muerte. Un estudio corriente, descrito en el diario The Guardian concluye que, desde enero de 2014, 83 personas que fueron deportadas desde los Estados Unidos a Honduras, Guatemala y El Salvador han sido asesinados tras su regreso, algunos pocos días después de ser enviados de vuelta.

La administración de Obama sostiene que las familias que son seleccionadas en estas redadas no son refugiados porque todos tienen órdenes finales de expulsión. Pero muchas de estas órdenes finales pueden ser sospechosas en términos de la falta de un abogado disponible para familias inmigrantes y los niños en los procedimientos, y también el fracaso del gobierno de Estados Unidos para dar aviso exacto o suficiente sobre los procedimientos judiciales pendientes. Wendy Young, presidenta de Need of Defense, ha llamado a la situación una “crisis del debido proceso.” De acuerdo con un estudio, el 86 por ciento de las madres y los niños cuyos casos fueron cerrados en los procedimientos de inmigración a partir de junio 2015 aparecieron sin representación de un abogado. Esta cifra es especialmente significativa mientras madres con niños que aparecían con representación legal fueron 14 veces más probables de ganar su casos que los que aparecieron sin abogado.

En muchos casos, el gobierno falla de proveer una notificación precisa y oportuna de las fechas de corte futuras a los niños no acompañados, que se enfrentan al mismo tratamiento acelerado en los procedimientos de inmigración como las madres con niños. Esto significa que las familias pueden recibir órdenes de deportación en rebeldía simplemente por no asistir a una cita en la corte que nunca fueron notificados. Incluso el pequeño número de familias que obtuvieron un abogado de pronto no recibieron una representación adecuada: La Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos ya ha detenido temporalmente la deportación de al menos 12 personas detenidas en las redadas, con tres familias sacadas de un vuelo de deportación sólo en el justo a tiempo, para que puedan elevar la asistencia ineficaz de consejo de reclamación.

Dadas todas estas preocupaciones, la administración debería de frenar estas amplias redadas y establecer garantías procesales de procedimiento apropiado. Por lo menos, se debería permitir a las personas que ya están en custodia a que se reúnan con un abogado antes de su deportación. Las redadas que se están desarrollando también plantean preguntas más amplias sobre si vale la pena conducir este tipo de acciones en hogares y en barrios a través del país, valen la pena dado su daño colateral en términos del miedo, el aislamiento, y el daño psicológico perpetrado a las comunidades y los niños.

Mirando hacia adelante, es tiempo que los EE.UU. reconozca claramente y consistentemente algo que el United Nations High Commission on Refugees, o UNHCR, y otros han dicho por varios años: Hay una crisis de refugiados en nuestro hemisferio. Hace solo unas semanas el presidente Barack Obama dijo que “los refugiados revitalizan y renuevan a los Estados Unidos”, y estableció un paralelo entre “los jóvenes de Centroamérica que están escapando de la violencia de las pandillas” y “los [r]efugiados de Vietnam, Laos, Cambodia” y “los niños Perdidos del Sudán.” Pero mientras que la administración de Obama ha defendido enérgicamente a los refugiados de Siria en los últimos meses, ha hesitado en reconocer la situación de los refugiados que huyen de la violencia en este hemisferio.

Reconocer el reciente repunte de niños y familias de Centroamérica huyendo de la violencia como un flujo de refugiados requiere que los Estados Unidos trabaje con el UNHCR y los países de Centroamérica para identificar maneras seguras para procesar y reasentar a los refugiados. Significa priorizar la protección y la precisión por encima de la velocidad en la decisión de los casos de personas que solicitan asilo dentro de los Estados Unidos. Y significa buscar maneras de abordar las causas de esta tremenda violencia. Los $750 millones apropiados recientemente por el Congreso es un buen comienzo, pero más acción será necesaria. No hay duda que los Estados Unidos debería trabajar para frenar el flujo de familias y niños que están viniendo de Centroamérica, el viaje es notoriamente peligroso y controlado por redes de contrabando despiadadas. Pero los EE.UU. debe hacer esto no por medio de amenazas de deportación o a través de redadas que disuade a que las personas busquen seguridad. Más bien, los EE.UU. debe mejorar las condiciones en la región para ampliar la seguridad humana y aumentar las oportunidades significativas para solicitar protección y pasar por el examen dentro de estos y otros países en la región.

El Secretario del Departamento de Seguridad Nacional Jeh Johnson explicó las redadas por decir que, “debemos hacer cumplir la ley de manera consistente con nuestras prioridades. En todo momento, nos proponemos hacer esto de forma consistente con los valores Americanos y los principios básicos de decencia, justicia y humanidad.” Esto es indudablemente verdadero. La pregunta es si estas redadas – y los procedimientos que llevaron a las redadas – realmente honran estos valores y principios.

Tom Jawetz es el Vice Presidente de Política Inmigratoria en el Center for American Progress.

Por Tom Jawetz

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