Piden las cierren, prisiones privadas donde se encuentran detenidos más de 34 mil inmigrantes

El Comité de Servicios Amigos Americanos (AFSC) en San Diego inició una campaña nacional para convencer al Departamento de Seguridad que termine contratos con las prisiones privadas que tienen que cubrir una cuota permanente de 34 mil inmigrantes presos, la mayoría en vías de deportación.

“Es un negocio que lucra con el sufrimiento de la gente”, explicó a El Latino el director del comité en San Diego, Pedro Ríos.

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Para cubrir la cuota de manera “permanente” la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y las cárceles privadas necesitan buscar para detener y cubrir la cuota, por lo que los motivos de las detenciones son muy diversos.

De acuerdo con Ríos, cuando el congreso aprueba el presupuesto del Departamento de Seguridad y se incluye el gasto en cárceles privadas, se exige que esas prisiones cubran 34,000 “camas”, es decir tengan presos esos miles de personas de cualquier manera.

En Otay la Corporación de Correccionales de América administra la única prisión privada en el condado con una capacidad de 3,000 “camas” pero no ha informado cuántas de esas camas cubren inmigrantes.

La cifra se desconoce porque “en general las cárceles privadas carecen de la transparencia y la rendición de cuentas que sí se les pueden exigir a las cárceles gubernamentales”, explicó Ríos.

Sin embargo, la Oficina del Inspector General (OIG), que opera como división de asuntos internos del gobierno federal, presentó recientemente un reporte sobre las prisiones privadas y la semana pasada el Departamento de Justicia terminó su relación con las cárceles de la inicitiva privada. La subsecretaria, Sally Yates, circuló un memorándum dirigido a la Oficina de Prisiones en el que ordena que los contratos con empresas de cárceles privadas ya no sean renovados y de ser posible se cancelen.

Esas prisiones, escribió Yates en su memorándum, “simplemente no proporcionan el mismo nivel de otros servicios correccionales, no ahorran significativamente los costos, y, como se señaló en un informe reciente de la OIG, no mantienen un nivel satisfactorio de protección y seguridad”.

El reporte de la OIG menciona por ejemplo que para tener más presos encerrados, las cárceles privadas usan las celdas de solitario, que son de castigo, como regulares, que a menudo tienen incidentes de enfrentamientos e incluso de revueltas por distintos motivos.

La decisión del Departamento de Justicia es un paso muy importante porque reconoce que las prisiones privadas están plagadas de problemas al querer tener cada vez mayores ganancias, explicó Pedro Ríos, pero destacó que ahora falta que haga lo mismo el Departamento de Seguridad. Aquí es cuando la campaña de AFSC y otro similar de la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu) pueden influir.

La campaña consiste en pedir a los congresistas de San Diego que apoyen la iniciativa HR 2808, llamada Acta de Protección de los Contribuyentes y las Comunidades ante las Cuotas Locales de Detención.

Por lo menos esta semana activistas y dirigentes locales se reunían con el congresista Juan Vargas para acordar acciones de interés de la comunidad sobre las cuotas de las cárceles privadas.

Manuel Ocaño

Ellatinoonline.com